Auditoria de gestión y su contribución con el proceso de modernización en aduanas

Abstract

Desde el segundo semestre del año 1990, el gobierno viene aplicando una política de libre comercio exterior, en virtud del cual se han eliminado todo tipo de restricciones a los Regímenes Aduaneros de Importación y Exportación (autorización para exportar o importar, obtención de licencias previas, inscripción en los registros de exportadores o importadores y el compromiso de entrega de moneda extranjera) salvo las listas de productos de exportación e importación prohibida y restringida. Así, observamos que el tratamiento legal del Régimen Aduanero de Exportación Definitiva ha sido objeto de una radical transformación; se han simplificado los trámites aduaneros de este régimen y se ha emitido el manual de procedimientos coherente con el sistema automatizado en funcionamiento. Se aprecia también, un mayor avance en los regímenes de fomento a la exportación; se han introducido modificaciones en los procedimientos de los Regímenes Aduaneros de Importación y Admisión Temporal, y se han implementado los Regímenes Aduaneros de Drawback y Reposición de Mercancías en Franquicia, a través de los cuales se beneficia al exportador con la exoneración y devolución de tributos a la importación (que afectan a los insumos y otros bienes utilizados directa o indirectamente en la producción de mercancías exportadas). Del mismo modo, se han otorgado facilidades a las empresas endeudadas ya insolventes vía el fraccionamiento tributario y establecido la devolución del IGV a los exportadores mediante la figura del buen contribuyente. Con la promulgación del Decreto Legislativo 668, en el año 1991, el gobierno garantiza la libertad de comercio exterior y se propone la tarea de cambiar la administración aduanera adecuándola a la nueva concepción de Aduanas; con lo cual se derogan todas las prohibiciones y restricciones al comercio exterior y se consagran los Principios de Buena Fe, Presunción de la Veracidad y Simplificación Administrativa. Enmarcado en dichos Principios y asimilando los planteamientos del Convenio de Kioto se aprobó en ese mismo año, mediante Decreto Legislativo 722, la Ley General de Aduanas, (el cual entró en vigencia a partir de marzo de 1992). Este dispositivo experimentó cambios tan vertiginosos que a los tres años se requirió la promulgación de un Texto Único Ordenado, el Decreto Supremo Nº 45-94-EF y se empezó a apreciar la necesidad de una nueva Ley. Esa nueva Ley es el actual Decreto Legislativo Nº 809, que se caracteriza por su carácter general, adecuándose de esta manera a las exigencias del comercio internacional el cual demanda una normatividad flexible que se adapte a una realidad de cambios constantes. La Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD, ahora denominada ADUANAS) fue creada por Ley N º 24829 del 07 de Junio de 1988, como Institución Pública Descentralizada del Sector Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa, cuya finalidad es administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar los aranceles y tributos del Gobierno Central que fije la legislación aduanera, tratados y convenios internacionales y demás normas que rigen la materia y otros tributos cuya recaudación se le encomienda; así como, la represión de la defraudación de rentas de aduana y del contrabando, evasión de tributos aduaneros y el tráfico ilícito de bienes. En el ejercicio de sus atribuciones, ADUANAS desarrolla sus actividades en dos planos. En el plano de política económica, propone y ejecuta la política aduanera nacional, adecuándola a la política global y a los planes del gobierno central; en el plano de ejecución de la política económica pone en movimiento todo el aparato aduanero, tanto en el aspecto de normatividad de regulación y administración, como de prestación de servicios a los usuarios de las aduanas; en el aspecto de normatividad, dicta las disposiciones para la correcta ejecución de sus funciones y para el adecuado comportamiento de los usuarios, mientras que en lo concerniente a la administración, su labor es básicamente organizar y fiscalizar la recaudación aduanera, controlar el movimiento de vehículos y mercancías, cautelar el cumplimiento de la legislación aduanera internacional, aplicar las sanciones administrativas, prevenir y perseguir los delitos de comercio exterior, incluyendo los aduaneros.